Señor doctor
Alfredo Palacio
Presidente Constitucional de la República
Presente
“Un TLC con países como EEUU no sería de gran beneficio para nosotros. Hay un desequilibrio muy agudo entre ambas economías, y sería como el acuerdo entre el despensero de la esquina y el gran supermercado. No queremos terminar siendo una gran despensa de los excedentes de exportación de EEUU". (Nicanor Duarte, Presidente de Paraguay, marzo 7 de 2006)
De nuestra consideración:
Los organismos de derechos humanos que suscribimos esta carta queremos manifestarle nuestra profunda preocupación por el posible cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la próxima ronda a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos, a partir del 23 de marzo.
Nuestra preocupación se fundamenta en el hecho de que luego de 14 rondas de negociaciones, los resultados reafirman una posición intransigente de EEUU orientada a exigir la aceptación de los términos de otros tratados comerciales, cuyos resultados han generado efectos desfavorables sobre las sociedades de los países que suscribieron dichos tratados, como por ejemplo en México con el Nafta. Antes que negociación, señor Presidente, lo que se evidencia es una nueva imposición de los intereses estadounidenses en la región, como lo demuestra el contenido de las negociaciones recientemente cerradas por Perú y Colombia.
Queremos advertir que un cierre de las negociaciones de Ecuador en los términos acordados por los dos países vecinos, afectará gravemente los derechos económicos, sociales y culturales de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y su posibilidad de exigirlos.
En agricultura, EEUU han negado la exclusión de todo producto, por más sensible que sea, obligándonos incluso a renunciar a la franja andina de precios como mecanismo de protección de la producción regional. A cambio de las limitaciones impuestas, y como una muestra de supuesta comprensión, han aceptado usar mecanismos alternativos para 'proteger' la producción más sensible. Tales mecanismos, entre los que se encuentran ciertas salvaguardias y períodos de desgravación de hasta 20 años, dejan, no obstante, serias dudas sobre su efectividad.
Esta lógica obedece a una estrategia intencional por desplazar la producción nacional a cambio de la importación de productos generados en los EEUU. Las cuotas que entregaron Perú y Colombia en productos como el arroz y la soya advierten sobre el riesgo que enfrentarán miles de campesinos ante la pérdida de fuentes de trabajo y empleo debido a su imposibilidad de competir con producción agrícola fuertemente subsidiada. Si EEUU eliminara el subsidio a la producción, es probable que los precios de la producción campesina que se pretende liquidar, no se presentaran tan asimétricos como sucedería de mantenerse las condiciones actuales. No obstante, EEUU no sólo que se ha negado sistemáticamente a eliminar sus subsidios, sino que ha encubierto su negativa en la posición adoptada por otros países desarrollados, principalmente de la Unión Europea, que entregan a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la potestad para resolver sobre este particular. Esta resolución, señor Presidente, continúa pendiente desde hace cuatro años atrás cuando el tema no pudo ser enfrentado en la ronda de Doha del 2002.
En el largo plazo, la inundación del mercado ecuatoriano con los altos volúmenes de productos importados significará poner en manos de otro país nuestra seguridad y soberanía alimentarias. Por otro lado, existirán fuertes presiones para enviar productos genéticamente modificados sobre los que no existe la certeza necesaria respecto a sus implicaciones y efectos sobre la salud de la población y el mantenimiento del equilibrio ecológico en términos de conservación de biodiversidad. En nombre del principio de precaución, establecido por el Art. 91 de la Constitución Política vigente, Ecuador debería ser un país libre de transgénicos.
En el tema de propiedad intelectual los impactos negativos para los derechos humanos son mucho más directos, y este es un ámbito que usted lo conoce bien, señor Presidente. La extensión de los plazos de las patentes, como lo dicen estudios serios de Colombia y Perú, impedirá a la población de menores recursos acceder a medicamentos básicos para su salud. Quisiéramos recordarle que en varias ocasiones usted ha manifestado públicamente que en propiedad intelectual no irá más allá de lo ya negociado en otros acuerdos multilaterales, refiriéndose a los acuerdos de Doha de la OMC.
Además de la afectación al derecho a la salud, el contenido de las negociaciones en propiedad intelectual, dan paso a la posibilidad de patentar nuestra biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado, afectando la soberanía de nuestro país y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En términos de las implicaciones de una eventual firma del TLC sobre los mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos, es necesario advertir que este acuerdo contradice normas de la legislación nacional, andina e internacional, principalmente aquella relacionada con la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hacia futuro, este tratado limitará el mantenimiento y mejoramiento de los estándares, pues, bajo el argumento de que ninguna ley puede constituirse en obstáculo al comercio, toda acción encaminada a mejorar la calidad de vida de la población, enfrentará el riesgo de ser cuestionada.
Además de expresar las preocupaciones anteriores, queremos aprovechar la oportunidad para manifestar a usted nuestra inquietud sobre las implicaciones políticas que tendría un cierre de las negociaciones del TLC por parte de su gobierno. Las opiniones de rechazo al TLC están creciendo, como lo demuestran numerosas encuestas que seguramente usted sí conoce. Un cierre de negociaciones, junto a los otros problemas que su gobierno no ha podido resolver, como son la caducidad del contrato de la OXY, la renegociación de los contratos petroleros, la idea de incluir el tema de la base de Manta en las negociaciones del TLC, y el potencial déficit fiscal, podrían configurar una nueva crisis política de incalculables consecuencias.
Nos preguntamos si correr este riesgo vale la pena. Sobre todo cuando el escenario político futuro, nacional e internacional, conspira para una firma del TLC y su ratificación. Mientras en lo nacional las elecciones futuras desplazarán de la arena política el tema del TLC, en el escenario internacional, las próximas elecciones para el Senado y el Congreso de Estados Unidos (último trimestre de este año), favorables al Partido Demócrata, hacen prever que la ratificación de los TLC no está asegurada por el cuestionamiento que ha expresado ese sector político a los tratados de libre comercio.
No podemos ser ajenos a las legítimas preocupaciones que usted pudiera tener en el caso de quedarse fuera de la firma del TLC, en un momento en que nuestros vecinos están en camino de suscribirlo. En este sentido, nos parece importante compartir con usted, señor Presidente, algunas alternativas viables que el Ecuador debiera encaminar sin que se afecten el futuro ni los derechos de la inmensa mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas:
No es cierto el argumento de que un TLC nos permitiría conquistar el “gran mercado norteamericano”. De acuerdo a diversas investigaciones, para evitar que el gigantesco déficit fiscal norteamericano haga crisis, los Estados Unidos deberán, irremediablemente, reducir sus importaciones en los próximos 5 a 10 años. Tampoco es verdad que si no suscribimos el TLC "perderemos las ventajas del ATPDEA", pues además de que no es ilusorio pensar en una renovación de este acuerdo, su gobierno ya ha dado un paso importante al reconocer que estas preferencias arancelarias no son una dádiva unilateral de los Estados Unidos, sino una contraprestación por el apoyo del gobierno nacional a la lucha contra el narcotráfico.
Incluso si perdiéramos las ventajas del ATPDEA, los impactos económicos serían manejables. No olvidemos señor Presidente que de esas preferencias se benefician unos pocos sectores económicos, y que de acuerdo al cálculo del proyecto SICA, para el 2003, los beneficios no superaron los 30 millones de dólares en las exportaciones agrícolas y llegaron a apenas 47 millones de dólares para las exportaciones agrícolas e industriales en conjunto. Estas cifras, que con seguridad no son mucho más altas para los siguientes años, son bastante inferiores a las pérdidas económicas que, con la firma del TLC, tendría el país en propiedad intelectual, por ejemplo, las mismas que se estiman superarían los 100 millones de dólares.
La decisión del país de suscribir o no el TLC, demanda de la legitimidad necesaria y de procesos democráticos claros, como su resolución a través de una consulta popular. Los riesgos que encierra este tratado son tan altos que su no suscripción puede constituirse en una opción para analizar nuevas alternativas de desarrollo que abonen en la superación de la pobreza y en la generación de equidad social y sostenibilidad ambiental. En esta dirección, señor Presidente, es posible y necesario reactivar nuestro aparato productivo nacional y reorientar su producción al mercado interno; resulta imperativo fortalecer nuestra economía en la perspectiva de competir, desde condiciones adecuadas, con la producción internacional. Existen posibilidades de analizar la conveniencia de suscribir tratados de comercio justos y simétricos, distintos al TLC que EEUU impondría al Ecuador debido a los enormes desniveles entre ambas economías. El país requiere, y son posibles, tratados de integración sudamericana en lo económico, energético, social, productivo, cultural y no solamente comercial. Ecuador puede lograr alianzas mundiales y regionales más allá de la estrechez peligrosa en que nos coloca el triángulo Washington-Bogotá-Lima.
Ecuador puede y debe concretar tratados que respeten las simetrías y el concepto de comercio justo, en espacios como el MERCOSUR, que de manera insólita han sido abandonados por su Gobierno, que ayuden a la creación de riqueza, así como considerar propuestas de integración entre similares, generadas por países hermanos como Bolivia, Uruguay, Venezuela, Argentina, Paraguay y Brasil, buscando la diversificación de mercados con el propósito de suplir cualquier supuesto impacto negativo por la no suscripción del TLC con Estados Unidos.
Es necesario advertir, además, que a excepción de la debilitada Centroamérica, el castigado México, en sus inicios Chile, hoy Perú y Colombia, y quizás uno o dos países en el Asia; la inmensa mayoría de bloques y países del mundo, entre ellos los de mayor peso geo-económico en Sudamérica, no han suscrito un TLC con EEUU, como es el caso de la Unión Europea, Japón, África, Brasil, Argentina, Venezuela, etc., y -sin embargo- mantienen relaciones comerciales y económicas incluso más ventajosas que aquellas naciones que han sido presionadas a suscribir tratados totalmente desiguales y desventajosos.
El escenario internacional es propicio para el Ecuador, como nunca antes, si su gobierno no firma el TLC. La crisis y el desencanto del modelo neoliberal está llevando a los pueblos de Latinoamérica a buscar caminos diferentes, más soberanos, pragmáticos y justos. Confiamos en que usted demuestre la sensibilidad y capacidad para aportar en este proceso.
Atentamente,
ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS, APDH
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, AAJ RAMA ECUADOR
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ALDHU
CENTRO DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, CDES
CENTRO DE DOCUMENTACION DE DDHH SEGUNDO MONTES MOZO, CSMM
COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS, CEDHU
COMITÉ PERMANENTE DE DDHH DE GUAYAS, CPDH-G
FIDEH AZUAY
FUNDACION REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS, INREDH
JUBILEO 2.000
SERVICIO JESUITA DE REFUGIADOS, SJR
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA DE ECUADOR, SERPAJ-E
SERPAZ
PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DDHH, PIDHDD ECUADOR
PRODH
POR FAVOR, SE SOLICITA MAXIMA DIFUSION Y SOLIDARIDAD
Quito, 14 de marzo de 2006
LLAMAMIENTO URGENTE:
APDH, CSMM, PIDHDD
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES
DEL MUNDO Y DEL CONTINENTE
Dirigido a:
Amnistía Internacional (Oficina en Londres)
Observatorio OMCT – FIDH (Sedes en Ginebra y París)
PIDHDD (Capitales en América Latina)
Human Rights Watch (EEUU)
Organismos de Derechos Humanos en Ecuador
Organizaciones Sociales de América Latina y Ecuador
ALERTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
1. Hace algunos meses Ecuador se ha visto sacudido por un sin número de conflictos sociales, especialmente de carácter regional en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos; todos ellos originados en justas reinvindicaciones de sus derechos económicos y sociales postergados de manera sistemática; así como en el conflicto ocasionado por la contaminación ambiental o la sobre-explotación laboral de las empresas transnacionales petroleras y las llamadas empresas tercerizadoras que motivaran continuos paros y movilizaciones, además del incumplimiento de los compromisos asumidos previamente por el Gobierno Nacional con esas provincias.
2. La respuesta dada por el Gobierno Nacional a todos estos reclamos y conflictos sociales ha sido la misma en las distintas ocasiones de manera consecutiva:
a) Decretar Estados de Emergencia que, si bien están contemplados en la Constitución Política de la República como una atribución del Presidente, preocupan por su permanente declaratoria durante los últimos años, y especialmente durante este Gobierno, pues vienen acompañados -estos decretos de emergencia- con la suspensión de las garantías ciudadanas y los derechos humanos entre ellos el libre tránsito, el derecho de asociación y movilización, los allanamientos de domicilio, entre otros.
b) Criminalización de todos los líderes de estas protestas sociales y de los dirigentes sindicales que encabezan la protesta contra la sobre-explotación laboral de las empresas tercerizadoras, pues a pesar de que empezó el diálogo entre este sector y el Gobierno nacional, tres de sus dirigentes están siendo procesados en la Jurisdicción Militar, así como se han dado curso a acusaciones de “terrorismo” a muchos ciudadanos participantes en estas movilizaciones.
c) Implantación, con serios peligros para el Estado de Derecho, de la Justicia Militar y la autoridad militar en las provincias donde está decretado el Estado de Emergencia, ocasionando la distracción de sus jueces naturales, que son civiles, así como un temor generalizado de los ciudadanos.
d) Represión generalizada e indiscriminada donde ha sido práctica sistemática el uso de armas de fuego, de balas de goma, el lanzamiento de bombas lacrimógenas al cuerpo, las detenciones arbitrarias, los allanamientos, los partes policiales o militares sin indicios de responsabilidad, la presunta desaparición de personas (en la provincia del Napo), y los heridos graves con disparos de armas de fuego a zonas vitales de los manifestantes.
e) Flagrante desconocimiento de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional, tanto en la provincia de Napo, cuanto en las provincias de Orellana y Sucumbíos, la negativa a la concesión de los recursos de Habeas Corpus y libertades resueltas por las autoridades municipales en dichas provincias; arbitrariedad que han cometido tanto la Policía Nacional como las FFAA, estas últimas bajo la conducción del General Gonzalo Meza, Jefe de la Cuarta División del Ejército ecuatoriano y, por tanto, responsable de las Fuerzas Militares en toda la región amazónica en las que se hallan estas provincias.
3. Debido a que el Gobierno ecuatoriano ha priorizado la opción represiva y la criminalización de los conflictos sociales, agudizados en esta semana, la confrontación -lejos de disminuir- aumenta peligrosamente en el país y, además, debe enfrentar una dramática catástrofe natural ocasionada por las lluvias en la costa ecuatoriana cuyas provincias se encuentran inundadas, y de cara a una compleja situación fronteriza permanente con Colombia, debido a las reiteradas incursiones en nuestro territorio, por parte del ejército colombiano y otros actores.
4. En las protestas sociales también han existido excesos lamentables, especialmente en Napo, por parte de algunos manifestantes civiles que han usado dinamita y han provocado heridas a elementos de la Fuerza Pública, como ocurrió en el paro provincial del Napo. Aunque hay que destacar que no existe unanimidad en el discurso y la práctica gubernamental represiva, puesto que tanto el Ministro de Gobierno y Policía, que públicamente ha justificado todos los conflictos sociales en razón de sus legítimas causas y orígenes, o el Ministro de Trabajo y Empleo que ha procedido a sancionar a decenas de empresas tercerizadoras, acusadas de sobre- explotación laboral, hecho que ocasionara el paro de alrededor de tres mil trabajadores petroleros tercerizados en Orellana y Sucumbíos, muchos de los cuales no han recibido sus remuneraciones durante los últimos seis meses.
5. En ese contexto, la máxima organización indígena ecuatoriana CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) ha decretado una movilización indígena nacional, de carácter progresivo, que empezó a desarrollarse masivamente en las provincias de la sierra central (Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Carchi y norte de Pichincha), deteniendo totalmente el transporte en las carreteras interprovinciales y movilizando a miles de indígenas por las siguientes reivindicaciones:
5.1. No firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y consulta a la ciudadanía sobre su pertinencia, debido a que el Gobierno nacional mantiene su posición de suscribir dicho tratado, a espaldas de la mayoritaria oposición ciudadana en este tema.
5.2. Oposición a la empresa transnacional petrolera Occidental y la declaratoria de caducidad del contrato, por parte del Estado ecuatoriano, demanda represada durante los últimos años y que el actual Gobierno no ha adoptado una decisión definitiva.
5.3. No involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia y fin de las provocaciones del Estado colombiano y los irregulares en la frontera.
5.4. Llamamiento a consulta popular para que se convoque a una Asamblea Constituyente.
6. Esta movilización ha venido acompañada de la toma pacífica de la Catedral de Quito, la más importante iglesia de la capital, desde el día de ayer, donde se hallan dirigentes campesinos y sociales del país, impedidos por la Fuerza Pública de usar baños y de acceder a alimentos.
7. Con estas consideraciones y dado que nos preocupa que ante esta movilización indígena progresiva, puedan aplicarse las mismas medidas vistas en anteriores levantamientos y en los paros provinciales narrados, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo”, CSMM, y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD Capítulo Ecuador, han resuelto organizar un equipo conjunto de Derechos Humanos que interponga recursos en defensa de los derechos ciudadanos, las libertades fundamentales y el respeto al debido proceso, y a la vez convocar a las demás organizaciones de Derechos Humanos para aunar esfuerzos en vista del preocupante deterioro del conflicto social en el país y de las probables respuestas represivas en el transcurso de los siguientes días, en que la CONAIE ha anunciado el ingreso de alrededor de diez mil indígenas a la capital, si el Presidente mantiene su decisión de firmar el TLC.
8. Objetivo fundamental de la coordinación de ambas entidades de Derechos Humanos será la interposición de recursos nacionales e internacionales, así como la información sistemática de lo que ocurrirá en el país a la comunidad mundial de Derechos Humanos, tanto en Europa, cuanto en América Latina y en Estados Unidos; así como ante el Sistema Interamericano e Internacional de Derechos Humanos.
Convocamos a la comunidad mundial de Derechos Humanos a estar alerta y proceder a suscribir sus primeras comunicaciones de preocupación ante el Gobierno ecuatoriano.
Atentamente,
Alexis Ponce
VOCERO APDH DEL ECUADOR
quijote@punto.net.ec
Pablo de la Vega
VOCERO APDH DEL ECUADOR
montesdh@uio.satnet.net
Fidel Narváez
COORDINADOR CSMM SECR. TÉCNICO PIDHDD
pidhddecua@punto.net.ec